Journal De Bruxelles - Palestine Action apela ante el Tribunal Supremo del Reino Unido contra su clasificación como terrorista

Palestine Action ha presentado su último recurso legal ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, buscando anular la decisión del gobierno de clasificar a la organización como una entidad terrorista. La apelación se produce en un momento de alta tensión política y social, coincidiendo con la aparición de nuevas redes activistas que han asumido la responsabilidad por ataques contra infraestructuras de defensa.

La proscripción fue impuesta en julio de 2025 por la entonces secretaria del Interior, Yvette Cooper. La medida gubernamental se fundamentó en incidentes previos, incluyendo un ataque a una base aérea británica que los tribunales anteriores determinaron costó 1,7 millones de libras esterlinas en reparaciones, con facturas finales que podrían alcanzar los 15 millones.

Huda Al Ammori, cofundadora de Palestine Action, lidera el esfuerzo legal para invalidar la prohibición. Su equipo jurídico, representado por Raza Hussain KC, ha presentado documentos ante la corte argumentando que el Ministerio del Interior "no logró establecer un equilibrio justo" entre los derechos de las personas afectadas por las campañas del grupo y el interés de la comunidad en general. La defensa sostiene que existían medidas alternativas disponibles para restringir las actividades de Palestine Action sin recurrir a la legislación antiterrorista.

Los documentos presentados antes de la audiencia alegan que "menos del 1 por ciento" de las actividades de protesta directa de Palestine Action durante cinco años caen bajo la definición legal de terrorismo. Este argumento cuestiona la base jurídica de la proscripción, la cual fue previamente declarada ilegal por el Tribunal Superior el año pasado, aunque dicha decisión fue revocada posteriormente por la Corte de Apelaciones. Esta última falló basándose en la naturaleza secreta del grupo y su uso de la violencia en ciertos incidentes.

La vista ante el Tribunal Supremo ha atraído la atención de diversos sectores de la sociedad británica. Organizaciones de la comunidad judía, como la Community Security Trust y el Jewish Leadership Council, han obtenido permiso para intervenir en el caso. En sus alegatos, estos grupos afirmaron que las acciones de Palestine Action se han expandido más allá de las empresas vinculadas a Israel para "dirigirse contra negocios propiedad de judíos y locales en áreas de la comunidad judía".

"Intervenimos en este caso para tomar una postura contra el uso de la violencia política y el terrorismo por parte de Palestine Action", declararon los grupos. "Nuestros alegatos explican por qué la proscripción continua de Palestine Action es importante, no solo para la comunidad judía, sino para la sociedad en su conjunto".

Paralelamente a los procedimientos legales, se ha intensificado la actividad de nuevas redes activistas. El lunes, un grupo que se identifica como "People Against Genocide" afirmó haber irrumpido en las instalaciones de Ultra Intelligence & Communications en Tring, Hertfordshire. Imágenes publicadas en Instagram mostraban a activistas destruyendo antenas satelitales y otros equipos con martillos.

El nuevo grupo sostuvo que Ultra Intelligence & Communications suministra equipos de comunicaciones a la firma de armas israelí Elbit Systems y "suministra directamente al ejército israelí con satélites". El ataque fue coordinado para coincidir con el aniversario de la Declaración Balfour de 1917, mediante la cual el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour prometió el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina.

"Hoy, armas y componentes cruciales necesarios para mantener el genocidio y la colonización en curso de Palestina se fabrican y exportan desde Gran Bretaña", escribió el grupo en redes sociales. La organización también afirmó responsabilidad por ataques anteriores contra las instalaciones de Ultra en Aberdeen y Cambridge, así como acciones contra la empresa de transporte DSV en el Reino Unido.

Fuera del Tribunal Supremo, una protesta de apoyo a Palestine Action resultó en múltiples arrestos. Los manifestantes argumentan que la legislación antiterrorista se está utilizando indebidamente contra activistas no violentos. Se estima que más de 4.000 personas han sido arrestadas bajo estas leyes por participar en manifestaciones masivas.

Los defensores de Palestine Action mantienen que la organización no es violenta y que el enfoque del gobierno normaliza el arresto de personas mayores y con discapacidad. Un representante de Defend Our Juries criticó las tácticas gubernamentales, comparándolas negativamente con las de Rusia, China o Corea del Norte.

El caso también ha recibido apoyo de figuras culturales. El miércoles, 150 académicos y escritores, incluida la autora irlandesa Sally Rooney, enviaron una carta al Tribunal Supremo expresando su respaldo a Palestine Action. "Nos oponemos al genocidio, por lo que apoyamos a Palestine Action", afirmó el documento.

Durante toda la controversia han persistido preocupaciones sobre influencias extranjeras. Cuando se anunció inicialmente la proscripción, surgieron alegatos sobre posible financiación iraní para el grupo, afirmaciones que Palestine Action ha negado consistentemente. La decisión final del Tribunal Supremo determinará si el Ministerio del Interior conserva la potestad de clasificar a Palestine Action como una entidad terrorista o si la prohibición debe ser levantada, lo que podría alterar significativamente el panorama legal para la activismo político en el Reino Unido.

G.Lenaerts --JdB